Lo estamos oyendo todos los días y es real. Bélgica ha expulsado a 2.712 ciudadanos europeos en el año 2013, entre ellos 323 españoles. Lo cierto es que lo hizo y lo hace legalmente, amparándose en el artículo 35 de la directiva europea sobre residencia y libre circulación de mercados.
“Es una decisión legal, aunque no nos guste, y es una decisión que la Comisión Europea ha avalado posteriormente con sus declaraciones», afirmaba la Ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez en el Pleno del Congreso. Y es que la ley de residencia y libre circulación de personas en los estados miembro de la Unión Europea está sujeta a un periodo reglamentario de noventa días.
Los afectados recibían notificaciones postales en los que se les invitaba a abandonar el país, alegando suponer “una carga excesiva para el sistema social” tras no haber encontrado una oferta laboral en tres meses. La Portavoz de la Oficina de Extranjería de Bélgica, Dominique Ernould, explicaba a la agencia EFE en Bruselas que esta medida se ha aplicado a personas que llevan en el paro más de un año, no hacen gestiones para encontrar empleo y se instalan en un sistema de ayudas sociales. Aunque casos como el de Irene Lacalle, una ingeniera informática original de Granada que recibió una de estas notificaciones justo después de los noventa días reglamentarios, no parecen ceñirse a dicho filtro.
La cifra de 2013 superó la del año anterior. Españoles, holandeses, italianos y franceses fueron los ciudadanos de la UE más afectados por estas medidas. 816 rumanos, 393 búlgaros, 323 españoles fueron expulsados en los últimos doce meses.

Un artículo de Lucía Campo para CEXT.