En el marco de la primera visita oficial del actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, a España el febrero pasado, los Gobiernos de los dos países firmaron un acuerdo para reconocer mutuamente sus títulos educativos, lo que simplificará notablemente los trámites para aquellos que tengan que hacer valer méritos formativos obtenidos al otro lado del Atlántico. El convenio abarca tanto a los estudios de educación primaria, secundaria y superior como a los títulos universitarios.

En el caso de la educación no universitaria, el reconocimiento procederá “siempre que dichos títulos y certificados guarden equivalencia en cuanto al nivel académico, contenidos y carga horaria establecidos como obligatorios en los diseños curriculares vigentes en la parte que otorgue el reconocimiento”.

Para la educación superior, el reconocimiento de los diplomas y grados se aplicará “sin exigencias de otros requisitos académicos” siempre que estén acreditados por las autoridades oficiales del país de emisión y que las titulaciones guarden equivalencia en cuanto al nivel, el perfil profesional y las competencias adquiridos. Solo en el caso de que el título tenga “implicaciones para la salud” (carreras de sanidad, etc.), se exigirá que las capacidades acreditadas por el título se encuentren “debidamente actualizadas”.

Además, el Gobierno español y el argentino se comprometieron a fomentar la cooperación educativa, a fin de promover los contactos entre instituciones y la movilidad de alumnos e investigadores.

Nuevas becas, intercambio de materiales y de estrategias de innovación educativa, apoyo al profesorado y pactos de colaboración entre instituciones formarán también parte de las áreas a trabajar en el marco de estos nuevos acuerdos, que buscan acercar a Argentina y a España.

A partir de su entrada en vigor (una vez que las instituciones de los dos países se hayan adaptado a las nuevas regulaciones), los migrantes en los dos países verán agilizarse los tediosos trámites burocráticos  a los que hasta ahora se tenían que enfrentar, que exigían numerosas comparecencias en persona y podían llegar a prolongarse incluso más de un año.

Foto: Ministerio de Educación de España.