El pasado viernes, el gobierno británico de la Premier Theresa May llegó a un principio de acuerdo con los negociadores de la Unión Europea, liderados por Michel Barnier, lo que permite pasar a la segunda fase de las negociaciones sobre las relaciones entre los dos bloques tras el Brexit.

Se trata de un acuerdo de mínimos (ver aquí el texto completo), según el cual, el Reino Unido se compromete a hacer frente a los compromisos económicos contraídos con la UE, (cifra que ascienden a 45.000 millones de euros), a no establecer una frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte y a respetar los derechos de los europeos que actualmente viven y trabajan en el Reino Unido. El acuerdo debe ser aprobado por los 27 miembros de la Unión Europea en un Consejo de Ministros que tendrá lugar los días 14 y 15 de diciembre, algo que se da por hecho.

El acuerdo no supone en ningún caso que los ciudadanos europeos podrán ir libremente a buscar trabajo al Reino Unido tras el Brexit, puesto que el control de sus fronteras es una de las líneas rojas que ha impuesto el gobierno británico en la negociación. El acuerdo alcanzado afecta sólo a los ciudadanos de la Unión Europea que actualmente residen en el Reino Unido.

Según el mismo, se les permitirá seguir viviendo y trabajando allí, con los mismos derechos que si el Reino Unido siguiera formando parte de la Unión Europea. También se prevé que aquellos ciudadanos de la Unión Europea que estén residiendo en el Reino Unido en el momento del Brexit, pero que todavía no tengan la residencia permanente, puedan adquirirla, si bien no se especifican los detalles de cómo hacerlo. Además seguirán estando sujetos durante ocho años a la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo una vez que acabe el período transitorio en 2022.

Un acuerdo que afecta a unos tres millones de europeos que actualmente viven y trabajan en el Reino Unido, de los cuales más de 200.000 son jóvenes españoles.

Imagen: The Telegraph

Un artículo de Alex de Cuenca para Cext.