En enero del 2017 tuvo lugar una Conferencia de presidentesque finalizó con laidea de crear la denominadaTarjeta Social Universal, un documento universal que aúna las prestaciones económicas provenientes de fondos públicos que reciben los ciudadanos,conectado al Registro General de Prestaciones, un instrumento de control de las ayudas públicas que depende del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

En esta tarjeta se incluyen todas las ayudas económicas que sean gestionadas por órganos y organismos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.Con ella se pretende lograr una mejora en aquellas situaciones que requieran actuaciones públicas de mejora en las políticas de empleo y las políticas sociales. De tal modo que se convierte en una herramienta esencial  de análisis estadístico y para el diseño de las políticas sociales en un mapa de prestaciones. Aunque con el tiempo el Ministerio de Empleo tiene la intención de ampliarlo también a ONGs y entidades del tercer sector, aquellas que no tienen ánimo de lucro.

La Tarjeta se pretende distribuir de forma física para aquellas personas con difícil acceso a las nuevas tecnologías y, para el resto de españoles se operará a través del teléfono móvil. Será utilizada como documento acreditativo para poder beneficiarse de subvenciones aunque también podría servir para beneficiarse de rebajas en establecimientos comerciales.

Las últimas actualizaciones sobre esta Tarjeta han tenido lugar el pasado 13 de enero en una reunión en elMinisterio de Empleo y Seguridad Social  a la que acudieron la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Administraciones Públicas, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro; la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez ; el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal; y la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat.

En esta nueva revisión se ha acordado incorporar en ella las situaciones especiales de los beneficiarios como son:

• familias numerosas
• personas con discapacidad
• trabajador autónomo o jóvenes inscritos en la garantía juvenil.

Pudiendo así acreditar esta condición ante las Administraciones Públicas o ante terceros para ser beneficiaros de políticas sociales.

En definitiva, esta tarjeta ayudará a evitar las duplicaciones o fraudes en las prestaciones públicas y poder actuar en determinados aspectos implementando o cambiando determinadas cuestiones para un mejor funcionamiento.