El ministro Gallardón presenta las reformas con las que pretende revolucionar la Justicia

l ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado hoy una profunda reforma de la Justicia que incluye el pago de tasas para recurrir, la reforma de la Ley del Menor para juzgar conjuntamente a menores y mayores por delitos graves y la posible instauración de la prisión permanente revisable.

El anuncio estrella del ministro, sin embargo, ha sido la reforma de la Ley del Aborto, para exigir el consentimiento paterno en los casos de las menores que quieran interrumpir su embarazo; mientras que los grupos de la oposición han centrado sus intervenciones en algo avanzado ayer por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría: el cambio del sistema de elección de los vocales del Poder Judicial.

Cambios en el sistema de elección de los vocales del CGPJ
Gallardón se ha comprometido a garantizar la despolitización del órgano de gobierno de los jueces. Para conseguirlo, el titular de Justicia ha propuesto a los grupos parlamentarios poner fin al sistema de cuotas en la elección de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial. Una reforma para la que será necesaria la elaboración de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial en la que se modifique el mecanismo de elección de los miembros de este órgano de gobierno, de forma que a partir de la entrada en vigor de la nueva norma, las Cortes escojan a ocho de los veinte vocales del CGPJ y los doce restantes sean seleccionados por y entre los magistrados de la carrera judicial. Pero esos ocho vocales, según ha apuntado Ruiz-Gallardón, no podrán ser objeto de intercambio político. Se ha de volver al acuerdo que establece la Constitución y que cada uno de ellos sea elegido mediante el consenso por los grupos parlamentarios.

Nuevas leyes para modernizar la Justicia
Uno de los principales problemas de la administración de Justicia es a juicio del ministro el "exceso de litigiosidad". En ese sentido, Gallardón ha apostado por "encontrar fórmulas que contribuyan a disminuir de forma razonable el elevado índice de asuntos que anualmente se acumulan en juzgados y tribunales".

Así, el ministerio creará una agencia que se encargue de la coordinación de los sistemas informáticos y de comunicación de las distintas administraciones, para que de esa forma los datos y registros sean compatibles y, lo más importante, estén conectados en red.

Por otro lado, con el objetivo de moderar los abusos en el acceso a los órganos judiciales en segunda instancia, el ministro propone la introducción de tasas judicales. "Si el ciudadano no se conforma con la respuesta del poder judicial y lo que solicita es un segundo pronunciamiento es cuando se aplicará el nuevo modelo de tasas", ha anunciado el ministro de Justicia, para añadir que dicha tasa se reintegrará si el recurso prospera. Estarán exentos de pago las personas que acrediten falta de recursos, y este mismo control se aplicará al modelo de justicia gratuita, ya que se exigirá la acreditación de falta de recursos para poder disponer de abogado de oficio, según ha dicho Ruiz-Gallardón.

Por último, Gallardón ha confirmado que el Gobierno recuperará para el Tribunal Constitucional la figura del recurso previo de inconstitucionalidad para los Estatutos de Autonomía.

Ley del Menor
El Gobierno reformará la Ley del Menor para que, en los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente, si bien a estos últimos se les seguirá aplicando la legislación prevista para ellos.

La reforma afectaría a casos como el de Marta del Castillo, en el que el menor apodado "El Cuco" fue juzgado individualmente y condenado por encubrimiento, o los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los que había también un menor implicado, conocido como "El Gitanillo", condenado a 6 años de internamiento en régimen cerrado y 5 años más de libertad vigilada.

Ley del Aborto
Entre las reformas legislativas parciales destaca la de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en la que se exigirá el consentimiento paterno en relación a las menores y se defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional.

La ley vigente desde julio de 2010 no exige el consentimiento paterno, pero sí que los progenitores sean informados de que sus hijas de entre 16 y 17 años van a interrumpir su embarazo, siempre que éstas no aleguen peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.

La actual regulación de la interrupción del embarazo establece el aborto libre hasta la semana 14, y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o la salud de la mujer o graves anomalías en el feto, y sitúa en 16 años la mayoría de edad para adoptar la decisión.

Cadena perpetua
Se estudiará la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, en la línea de la que existe en otros países europeos, configurada como una pena excepcional para supuestos muy restringidos pero que han alcanzado el máximo grado de repulsa social.

Fuente: Efe/El Imparcial