Todas las Comunidades Autónomas en el CGCEE, en contra de la restricción del voto de los emigrantes

Las Comunidades Autónomas presentes en el IV Pleno del V Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) votaron a favor de la ‘Declaración de Derechos Electorales’ y se mostraron favorables a mantener tal y como está el derecho al voto de los residentes en el exterior, aunque lo hicieron de manera más o menos explícita.

Por ejemplo, la representante de la Comunidad de Andalucía, Rosario Ayala, directora general de Voluntariado y Participación de la Junta, afirmó que “desde el Gobierno andaluz aseguramos que en el ámbito de nuestras competencias los ciudadanos andaluces y andaluzas tendrán garantizados sus derechos sociales, políticos y culturales, en estos momentos y para los próximos años”.

Por su parte, el representante de la Comunidad Foral de Navarra, José Miguel Gorricho, director del Servicio de Relaciones con el Parlamento de Navarra y otras Instituciones, afirmó que desde el Gobierno foral “se apuesta y se quiere seguir con el sistema que actualmente está regulado en la ley orgánica que se pretende modificar”.

La representante de Canarias, la viceconsejera de Emigración y Cooperación, “que nuestro Gobierno está en la propuesta, en el convencimiento, de mantener el voto del emigrante para todos los comicios”.

Por su parte, el representante de Castilla-La Mancha, Luis Jesús Gómez Escudero, destacó que “por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha decirles que estamos totalmente a favor de no recortar ningún tipo de derecho, que se siga votando como se estaba votando hasta ahora en todas las participaciones, en todas las convocatorias electorales, y así seguiremos por lo tanto manteniendo nuestro criterio. Y en el momento en el que se nos solicite opinión al respecto la manifestaremos con esta contundencia”.

La directora de la Agencia Madrileña para la Emigración, Victoria Cristóbal, afirmó que “estamos en contra de cualquier tipo de supresión del derecho a votar de los españoles, nacidos o nacionalizados, en cualquier convocatoria electoral ya sea municipal o nacional, y apostamos por el voto en urna y transparente”.

Además, Cristóbal culpó al Gobierno central de haber provocado las confusas informaciones que se han difundido sobre este asunto.

El representante de Castilla y León, Félix Colsa, fue bastante elocuente al referirse al derecho al voto. “Radicalmente estamos en contra de cualquier limitación de un derecho político fundamental como es el derecho al sufragio activo y pasivo. Y para que quede claro también he de decir lo que nos dijo un paisanos español y salmantino en un correo que envió cargado de decepción ante estos anuncios: qué pena le daba y cómo sentía que España, que ahora necesitaba ser un país grande, algunos lo quisieran hacer pequeño”. “Una frase que está marcando incluso mi posición personal y que debería hacernos reflexionar a todos. Y a los partidos políticos también”, añadió.


La Comisión Sectorial lleva 17 meses sin convocarse

La representante del Gobierno de las Islas Baleares, Pepi González, directora gerente de la Fundación Balears a l’Exterior, fue muy gráfica a la hora de reclamar una mayor coordinación entre las Comunidades Autónomas a través de la Comisión Sectorial. “En Baleares, como ejemplo anecdótico, hace un mes que se aprobó la tarjeta sanitaria y mi compañera de Madrid lo desconocía. Creo que es una pena que entre las Comunidades Autónomas no tengamos un contacto más fluido para intercambiar experiencias y enriquecernos con programas que ya están en marcha”.

Del mismo modo se manifestó al directora de la Agencia Madrileña para la Emigración, Victoria Cristóbal, quien recordó a los consejeros que la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior lleva “sin convocarnos a las Comunidades Autónomas más de un año, exactamente 17 meses, desde que no se convoca la Comisión Sectorial”.

Cristóbal señaló que “esto ha provocado que los representantes de las diferentes administraciones autonómicas no hayamos podido plantear las adversidades a las que debemos enfrentarnos, más aún ante los últimos acontecimientos económicos y políticos”.

También como ejemplo gráfico la representante de la Comunidad de Madrid señaló que quizás por ese motivo “todavía haya representantes, como la que les habla, que no hayamos podido conocer en persona a la nueva directora general, Pilar Pin, o a la recién nombrada secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, hasta el día de ayer”.

En este mismo sentido se manifestó también el representante de la Comunidad de Castilla-La Mancha, Luis Jesús Gómez Escudero, asesor de la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, que propuso que la reunión de las Comunidades Autónomas con el Ministerio “se debe producir como mínimo una vez al año. De esta forma se conseguirían dos cosas: poner en común las política de todo el Estado español y, en segundo lugar, estimular la participación de las Comunidades Autónomas en este pleno”.